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Recursos educativos

Por una verdadera educación

Por una verdadera educación

En España no ha habido una verdadera reforma de la educación desde la Transición, pese a que cada gobierno ha hecho una, cuando no varias leyes educativas. Pongamos algún ejemplo: LRU de Maravall no reformó la universidad que introdujo algunas novedades pseudo-democráticas, más propias de las cooperativas a la yugoslava de entonces que de universidades de reconocido prestigio internacional, en su gestión e importó algún que otro cambio meramente nominal de origen anglosajón como la organización de cursos por semestres o la introducción de los créditos en la evaluación de los estudios. Pero además LRU convirtió en funcionarios vía express, sin oposiciones a los llamados PNN, profesores no numerarios, contratados sin selección previa, quienes en muy poco tiempo se hicieron , como mayoría que eran, con el control democrático de la universidad. De hecho podríamos afirmar que la Ley de la Reforma Universitaria del PSOE en 1983 fue la primera gran oportunidad perdida de reformar la universidad en la España democrática. Ninguna de las leyes posteriores se ha planteado seriamente reformar una universidad totalmente en manos de los trabajadores, los antiguos PNN, con una capacidad sin límites de hacer normas que, supuestamente garantizan la eficiencia y calidad del sistema educativo y que, en realidad, no son sino la soga que lo ahoga. Entre esas normas destacan, por los efectos negativos que tienen sobre todo el sistema, las que regulan la selección del profesorado que sorprendentemente, no permiten la incorporación a la universidad de los jóvenes investigadores españoles que triunfan en cualquier otro país. Las tasas de fracaso y abandono de los estudiantes universitarios y el escaso valor que el mercado laboral otorga a sus títulos no pueden ser más claros: es necesaria una verdadera reforma universitaria y, en definitiva, de todo el sistema educativo español.

¿Por qué fracasó la LRU, en su momento, la LOU más tarde, y lo está haciendo, la LOU modificada en 2007?

Porque ninguna de ellas cumplía un requisito imprescindible para abordar una verdadera reforma de la universidad. Ninguna de estas leyes identificó el problema a resolver mediante un análisis de variables objetivas, a fin de diseñar los cambios necesarios en función de las mejoras que se esperaba alcanzar. Una de las grandes reformas -esta sí- de la democracia española, la implantación del impuesto sobre la renta (IRPF) que llevó a cabo Fuentes Quintana y permitió modernizar las bases impositivas y la capacidad de actuación del Estado, se basó en la ingente tarea de análisis de variables estadísticas que llevó a cabo el Instituto de Estudios Fiscales, puesto en marcha años antes por el propio Fuentes. En educación no se dispone de organismo alguno con semejante capacidad de análisis, y es evidente que las sucesivas leyes universitarias, y educativas en general, de la España democrática reflejan esta ausencia. De hecho, la falta de un análisis objetivo de la situación circunscribe el debate educativo al terreno puramente ideológico, donde se enfrentan izquierdas y derechas en torno a ideas y problemas que no tienen nada que ver con la realidad y que condenan a los jóvenes de nuestro país a unas tasas de fracaso escolar, a todos los niveles, desconocidas en países de nuestro nivel de renta y bienestar.

En España no habido una verdadera reforma educativa sino una mera utilización del Boletín Oficial Estatal, Autonómico, e incluso universitario (también las universidades publican sus propios boletines ,) para atender a diversos intereses o grupos de presión que actúan, mayoritariamente, desde dentro del sistema y para los que  hacer normas  es un objetivo en sí mismo.

El deterioro de la educación en España tiene dos claros responsables: la clara ineptitud de los mecanismos de selección del profesorado, que excluyen y penalizan a los más cualificados y una exacerbada propensión a dictar normas que regulan todos los ámbitos de la vida académica y, de facto, convierten al maestro en un mero administrador sin verdadera capacidad formativa. Este diagnóstico, con matices, es común a todos los niveles educativos: en la enseñanza secundaria son los candidatos con mejor nota en las oposiciones abiertas los que no acceden al puesto por carecer de puntos como interinos en un instituto; en la universidad, los jóvenes investigadores con amplios currículos dentro y fuera de nuestro país en universidades de prestigio, son descalificados por desconocer las prácticas docentes propias de la universidad de turno. Una selección a la inversa que excluye a los mejores candidatos, y un Boletín para dictar normas en manos de un profesorado seleccionado por esta vía durante más de 30 años explican la gravedad de la situación actual y la dificultad de llevar a cabo una verdadera reforma educativa con garantías de éxito.

La reforma del sistema educativo es urgente si queremos que España vuelva a ser un país competitivo y requiere un amplio consenso que excluya los debates ideológicos. Ahora bien, ese consenso sólo es posible si se refiere a unos mínimos que, además, serían la clave del éxito.

  1. El consenso es necesario pero únicamente en lo que concierne a los objetivos educativos y a los mecanismos de control necesarios para garantizar su cumplimiento. El Estado debe dejar de ser el regulador y proveedor de de servicios, reducir su tarea reguladora al mínimo en el que se pueda dar un acuerdo (objetivos educativos generales), eliminar la mirada de normas ineficientes y a menudo contradictorias existentes (relativas al qué, cómo, cuándo enseñar, como organizarse, etc.), y desarrollar en cambio un aspecto hoy prácticamente inexistente: el de controlador externo y por tanto garante de la eficiencia y calidad del sistema.
  2. Los objetivos educativos sobre los que se puede llegar a un acuerdo son los básicos: las tres Rs anglosajonas, leer, escribir, y calcular los distintos niveles de complejidad, según la edad y los estudios elegidos; o determinados requisitos imprescindibles para los estudios superiores necesarios para el ejercicio de profesiones reguladas como médicos y los jueces. La organización de la enseñanza en planes de estudio, los métodos educativos, los controles internos, los calendarios y horarios escolares, deberían dejarse a discreción de los centros.
  3. Los profesores deben recuperar su carácter de verdaderos maestros y asumir su responsabilidad de formar a los jóvenes en función de sus capacidades y su compromiso con su propia educación. Para ello es imprescindible atraer a los mejores profesionales a la docencia e invertir la selección perversa que hoy domina todos los niveles educativos.
  4. Los centros educativos deben limitarse a su tarea formativa y expedir un certificado de escolarización que certifique los cursos realizados y el tiempo de escolarización. El Estado debe otorgar los títulos a quienes superen los exámenes de grado.
  5. Se debe establecer un organismo encargado del control y seguimiento del sistema educativo independiente del poder político y del propio lobby educativo, como el Banco de España lo es del sistema financiero y del propio Estado. La información de este organismo sería pública, y sus recomendaciones a los centros podrían suponer la retirada de licencias y subvenciones públicas a aquellos que no cumplieran los objetivos.

La incorporación de procesos empresariales de gestión, la evaluación externa del sistema educativo, de los niveles alcanzados por los estudiantes o del profesorado como paso previo a su selección, en definitiva la mejora de la calidad son incompatibles con la falta de información estandarizada, fiable y regular sobre la actividad educativa y con la falta de control externo sobre los resultados. Es cierto que frente a la posibilidad de legislar sobre lo que deben estudiar unos y otros, y acerca de cómo deben organizarse internamente, establecer criterios uniformes para estimar variables de éxito o fracaso educativo y hacerlos públicos, puede parecer poco atractivo, excesivamente laborioso, y en definitiva poco rentable en términos políticos a corto plazo. Así parecen haberlo entendido todos los ministros de educación de la democracia, que en este aspecto en poco o nada difieren de quienes les precedieron. Ahora bien, lo que podrían parecer lógico a principios del siglo XX, resulta incomprensible en la llamada sociedad de la información del siglo XXI: disponer de datos adecuados y actualizados hoy es posible y además es imprescindible para el éxito de cualquier empresa, máxime cuando de esa empresa depende la calidad del factor trabajo en todos los sectores económicos del país.